sábado, 11 de abril de 2015

Explotación sexual de niñas internadas en Río Negro

Vecinos/as de la localidad Rionegrina movilizada por el Día de la Memoría, por justicia contra la impunidad para estos crímenes aberrantes
Río Negro: En Ministerio de Desarrollo Social explotaban sexualmente a niñas internadas.¡Basta de impunidad, cárcel a todos los culpables!

El CAINA (Centro de Atención Integral de Niños/as y Adolescentes) es parte de varias unidades gubernamentales que funcionan en distintas localidades de la provincia de Río Negro y, que en teoría, debe velar por la protección de los niños/as que sufren maltrato infantil y abuso sexual por parte de sus familiares.

Hace unas semanas salió a la luz el calvario que vivían tres niñas de 13, 14 y 15 años internadas en uno de los hogares de contención del CAINA, en Viedma, quienes eran explotadas sexualmente por personal de la institución, funcionarios del poder político, judicial, poderosos empresarios y comerciantes.

Esta aberración se conoció cuando una de las niñas se animó a contárselo a su madre y ésta radicó la denuncia inmediatamente. Los testimonios relatados en Cámara Gesell apuntan directamente a los cuidadores y al Juez de Cámara Juan Antonio Bernardi, integrantes de una red de explotación sexual enquistada en las estructuras del Estado Provincial, gobernada por el ex kirchnerista Weretilneck.

El Ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, se encargó de salir por todos los medios a explicar que el “gobierno había tomado todas las medidas necesarias para ir hasta las últimas consecuencias”. Lo que no dice es que este hecho fue revelado hace un año y que desde entonces se viene tapando para proteger la identidad de los imputados.

Tal es la responsabilidad del gobierno y del conjunto de las instituciones involucradas, que el 27 de marzo cuando los/as trabajadores/as de ATE se encontraban dentro del Ministerio de Desarrollo Social denunciando la complicidad de directores y otros altos funcionarios, fueron reprimidos por la policía. 

Trabajadoras/es y comunidad movilizados contra la impunidad

En contraposición con el silencio oficial para garantizar la impunidad para estos crímenes, las/os trabajadores/as de distintas dependencias estatales y vecinos autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones no se callan: exigen justicia, movilizándose por un pliego de reclamos.

A través de un documento con más de 500 firmas dirigido al gobernador y al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, entre otras cosas señalan que: el abuso y trata de menores para la prostitución no es un hecho aislado, sino relacionado con otros casos de trata de personas y violencia de género como las de Otoño Uriarte, Daniel Solano, Atahualpa Martínez Vinaya, Karen Álvarez y el triple crimen de Cipolletti.

También le exigen al gobernador que informe las medidas que tomó cuando hace casi un año el Ministro Arroyo informó sobre la gravísima situación a la que estaban siendo sometidas las niñas.

¡Hay que seguir el ejemplo de los/as trabajadores/as de ATE y los/as vecinos/as autoconvocados, que inmediatamente salieron a las calles para exigir justicia y cárcel común para todos los implicados! 

Desde Convergenciade Mujeres Socialistas llamamos al conjunto de las organizaciones de Mujeres, DDHH, sindicatos, organizaciones politicas y estudiantiles a organizarnos para coordinar acciones en la mas amplia unidad para terminar con la impunidad de los ricos y poderosos, amparados por el gobierno que hace un año conoce estos hechos y los deja correr,

Pero también, como mecanismo de autodefensa frente a las redes de trata que hace años funcionan en el Alto Valle con la complicidad de funcionarios, policias y jueces. Es por ello que llamamos a movilizarnos y no confiar de ningún modo en la justicia (que quedó demostrado es parte del negocio de la trata) que jamás irá a fondo en la investigación y el consecuente castigo a los culpables.

¡La trata de personas es un delito de lesa humanidad! - Por la conformación de una comisión investigadora independiente para juzgar y encarcelar a todos los criminales y sus cómplices del poder político, judicial y policial.


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